El pasado 6 de Junio se formalizó
la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Perú, Colombia y México, el
objetivo es crear una zona de libre comercio integrando a las principales
economías latinoamericanas del Océano Pacífico con miras a formar un futuro
bloque geoeconómico frente al inminente posicionamiento del Pacífico como la
mayor zona de operaciones comerciales de los próximos cincuenta años.
Dicho acuerdo
comercial es importante con miras a formar un bloque que haga contrapeso regional a la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) y que fortalezca a los países firmantes de cara
al acuerdo transpacífico con Asia y Estados Unidos.
Pero más allá de los números
macroeconómicos en materia de movilidad humana se llevó a cabo la primera una
de las primeras mediadas: la visa exigida a colombianos, peruanos y chilenos
para ingresar a México quedó suprimida, el motivo es facilitar el ingreso de
inversionistas a los países participantes del pacto, así como incrementar el
turismo.
Según lo informado por varios
medios periodísticos de Colombia y Perú (donde se recibió con entusiasmo la
noticia), la información migratoria en tiempo real permitirá a su vez vigilar
los posibles movimientos del crimen organizado. Si bien un incremento de visitantes/residentes
extranjeros entre los países involucrados será benéfico en términos académicos,
turísticos y culturales, las preguntas más allá de las buenas intenciones son
inevitables.
Toda apertura es positiva,
siempre y cuando esté acompañada de acciones responsables que puedan armonizar
las relaciones económicas existentes con las realidades sociales; los países
inscritos en la iniciativa seguramente habrán previsto muchos escenarios y por
motivos políticos siempre relucirán ante la opinión pública los aspectos
positivos.
En contraste, una de las posibles
consecuencias puede ser la expansión del crimen organizado trasnacional: ¿qué
medidas específicas se tomarán? Tanto en Colombia como en Perú se habla de la
presencia de los cárteles mexicanos, de hecho, según lo publicado por El Comercio, en febrero del presente año
la embajadora de Perú en México alertaba del aumento de la violencia en
relación a la presencia de narcotraficantes mexicanos en el país andino.
Pero no sólo hablamos de un
problema como el narcotráfico que es considerado una prioridad de seguridad
pública en tres de los cuatro países firmantes. Otro de los retos a enfrentar
será el tráfico de personas hacia Estados Unidos y el comercio ilegal que puede
incrementarse de no aplicarse medidas oportunas y concretas.
En suma, hay muchas oportunidades
pero también retos a encarar. No hay que tomarse a la ligera el factor humano,
hablamos de 200 millones de personas involucradas en lo que es un gran paso
hacia la integración económica de la región, pero antes que vernos como un
mercado, hay que vernos como ciudadanos.
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