Si
por algo se caracteriza el sistema político mexicano es por el alto grado de
impunidad en los actos que se cometen, sea en su seno o de manera periférica
pero relacionada a éste. Sobre esta constelación de impunidades que se ciernen
desde e incluso antes de que México fuese país, es normal leer -para justificar la inacción- en los diarios y declaraciones políticas las siguientes palabras y compuestos: “descuido del juez” “amparo”
“libre bajo fianza” “un error del ministerio público” “fuero” “hasta que se realicen
las investigaciones correspondientes” “falta de pruebas” entre otros…
Esta
ausencia de efectividad (y) de la justicia, se puede explicar por dos cuestiones:
por un lado, en la política mexicana es más “barato” o existen mayores
incentivos para realizar actos fuera de cualquier marco legal que apegarse a
tal; por el otro, la justicia es una especie de “segundo recurso” por parte de
los actores políticos, el primero es y siempre será la política.
Esto
nos puede dar paso a explicar por qué están libres algunos exgobernadores,
expresidentes y políticos en general que acumulan denuncias por: tráfico de
influencias, complicidad con el crimen organizado, desapariciones forzadas,
desvío de recursos, usurpación de funciones entre tantas otras joyas obscuras.
Resulta increíble que, a pesar de una realidad de asesinatos de líderes
políticos, desapariciones, desastres por negligencia, evasiones fiscales, acumulación
inexplicable de riquezas, nepotismos comprobados, crecimiento y consolidación
de crimen organizado, blanqueo de capitales…NO exista a la fecha una autoridad
política sancionada.
Chivo expiatorio o el
fetichismo del culpable absoluto
Ha
sido constante como ritual de sacrificio, el hecho de aprehender a un cabecilla
sindical, figura pública o un infeliz desconocido para ponerlo ante la mirada
pública, como sustituyendo una
estrategia de seguridad o causa de justicia por una estrategia mediática. Cada
sexenio al menos, llega uno o dos que son presentados como íconos degradados de
pasadas administraciones y cuya cabeza es exhibida como muestra de que,
quien los detiene, no está dispuesto a ser coparticipe.
Al
contrario de las propiedades de la materia, un “chivo expiatorio” no se
destruye ni se transforma, sólo se crea y se hace creer. En este escenario de
opacidad, el ideal civilizatorio de justicia es sustituido por señales de
advertencia para los adversarios políticos, la justicia es, un instrumento de
hostigamiento y no de cohesión social.
Puede
haber fallas estructurales, prácticas y hábitos que perpetúen una espiral de
corrupción en el seno de organizaciones, como tal, resolver o disolver resulta
tarea titánica y pantanosa, lo más fácil y redituable es encontrar un culpable
absoluto y el chivo expiatorio es la respuesta a todos los “males”.
Consecuencias
Esta
espiral de impunidad que parece ser el engrane perfecto del funcionamiento (la
corrupción es el aceite, dicen) del sistema político mexicano, tiene
consecuencias, no siempre agradables, una de ellas es como considera el
politólogo O`Donnell en su obra Transiciones
desde un gobierno autoritario la falta de moralidad en la esfera pública,
esto provoca entre otras cuestiones, que la diferencia entre quienes corrompen
delincuencial y políticamente sea nítida, de suerte tal que la diferencia entre apoyar a un “cartel” o a un “partido político” sea igual de legítima en el
marco del desprestigio de las instituciones políticas y de justicia, por lo cual, se hace
necesario revertir esta tendencia, dado que, si la población no distingue entre
delincuentes del orden común y políticos, lo que tenemos –como hoy en día- es
una complicidad social silenciosa y autoconsiderada
legítima con el crimen.
Otra
consecuencia funesta, es sin duda, la pérdida de legitimidad de las
instituciones políticas, de tal manera que los ciudadanos se tornan escépticos
respecto a la pertinencia de sus instituciones
en la vida cotidiana.
La cohesión y el consenso pesan más que la coerción, por lo que no se debe dudar en priorizar aquellas instituciones que cohesionan la conducta de los ciudadanos sobre aquellas que coercionan. No siempre la fuerza otorga autoridad, a lo mucho dominación y entre estas dos siempre hay que cuidar las distancias. Se puede decir que, nuestras instituciones están dando un giro hacia la dominación coercitiva por encima de tener una autoridad que cohesione.
La cohesión y el consenso pesan más que la coerción, por lo que no se debe dudar en priorizar aquellas instituciones que cohesionan la conducta de los ciudadanos sobre aquellas que coercionan. No siempre la fuerza otorga autoridad, a lo mucho dominación y entre estas dos siempre hay que cuidar las distancias. Se puede decir que, nuestras instituciones están dando un giro hacia la dominación coercitiva por encima de tener una autoridad que cohesione.
Lo
peligroso aquí, es que en la política, la impunidad se ha vuelto cohesión y la justicia
coerción.
Probando
ResponderEliminarComo siempre, agradezco la perspectiva de Hugo Hernández Carrasco. Aquí cabría también añadir que la falta de justicia y la impunidad incitan a nuevas formas de administración y organización de la violencia, como las organizaciones vecinales en contra de la delincuencia que, en una escala mayor, devienen en grupos de autodefensa, cuyo origen puede entenderse como la percepción de ausencia del Estado (con todo lo que implica) y la falta de credibilidad de las instituciones en la población. Hace unos días en Argentina, con el linchamiento de unos cuantos delincuentes, periodistas, intelectuales y civiles se escandalizaron por esta "ruptura del pacto social"...En México, estas situaciones llevan años y no veo que NADIE manifieste la misma reacción que en nuestro hermano país del sur, el hartazgo se ha generalizado, la gente no quiere "bancársela" más, y cuando no se tiene nada que perder en términos materiales,morales y simbólicos, quienes encabezan al Estado y a las demás instituciones mexicanas tendrían que pensarla dos veces antes de seguir perpetuando el modelo. Saludos
ResponderEliminar