¿paralelismos?
La expropiación de la
industria Eléctrica en Bolivia anunciada el pasado primero de Mayo puso de
nuevo en la agenda el tema de la nacionalización de empresas estratégicas. Ha
pasado menos de un mes desde la estatización de YPF en Argentina, y esto ha
venido a ser un balde más de agua fría para los defensores del libre mercado y
la desregulación estatal. ¿Paralelismo con el reciente proceso argentino?
Es tentador asimilarlo de
esa manera, pero no es tan simple, puesto que sería reduccionista afirmar que
la expropiación sólo responde al modus operandi de los gobiernos de izquierda.
Para empezar, la industria no es la misma, las dimensiones económicas tampoco
lo son, como tampoco lo son la agenda energética que tiene Bolivia y la que
tiene Argentina, dado que la primera busca la consolidación y expansión de su
industria eléctrica bajo el modelo de energías renovables y la diversificación
de fuentes alternativas como la geotermia y la hidroeléctrica, mientras la
segunda apela al autoabastecimiento de hidrocarburos y la posterior exportación
de dichos minerales.
Si bien ambos gobiernos
atraviesan por índices cuestionables de aceptabilidad, en Bolivia la situación
es bastante diferente a la de Argentina. Primeramente sería bueno recordar que, en la década del 90 bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de
Lozada, la industria eléctrica boliviana no pasaba su mejor momento: la Empresa
Nacional de Electricidad estaba endeudada, y la “solución” (dado el espíritu
económico de la época) era privatizarla en casi su totalidad. El objetivo era
recapitalizar dicha empresa y expandir la oferta de energía eléctrica por todo
el territorio, esto es, pasar de transmitir electricidad en 6 departamentos a los
9 que conforman Bolivia.
Uno de los compromisos
adquiridos por la iniciativa privada, era la inversión sostenible para poder
consolidar la transmisión de electricidad en el mercado interno. En los hechos,
las cosas no fueron así, han pasado casi 16 años y el llamado anillo energético
boliviano no ha podido cerrarse, motivos hay muchos, entre ellos resalta que las
inversiones en este campo a penas han alcanzado los 10 centavos por cada peso
de ganancia (FTE México, Boletín Mayo), además, la situación real de la
industria eléctrica no se encuentra en consonancia con el Plan Óptimo de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2012-2022 emanado
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de dicho país, en donde se señala que
es menester responder a la creciente demanda de electricidad durante los
próximos 10 años a un ritmo de 6% anual.
La industria eléctrica es
para Bolivia estratégica en dos sentidos. Por una parte la política
instrumentada por el gobierno de Evo Morales consiste en diversificar las
fuentes de generación de energía, pasar a un modelo sustentable, cuya
dependencia del gas natural baje considerablemente, de modo que a largo plazo,
el gas utilizado en generar electricidad sea producto de exportación, pudiendo
así venderlo al triple que lo que actualmente se vende en el mercado interno.
En segundo orden, pero no
menos importante, se tiene proyectado que el crecimiento del PIB boliviano
estará ligado al crecimiento de la demanda interna de energía eléctrica (esto
aplica casi para cualquier país), es así que por cada 1% de crecimiento en el
PBI de Bolivia entre 2012 y 2020, se requerirá 1.4% de aumento en la generación
de electricidad, por lo cual un freno en la inversión de proyectos estratégicos
en la industria de esta rama, incidiría directamente en la economía boliviana.
Cabe destacar en este sentido, que la Constitución aprobada en 2009, contempla
como una obligación del Estado, proveer de entre otros servicios la
electricidad a la población.
Finalmente, queda resaltar
que mucho se dice en términos ideológicos sobre las expropiaciones, no obstante
aquí se ha intentado poner en perspectiva razones de orden estructural, bajo
las cuales Bolivia intenta –al menos en la letra- hacer de la electricidad un
medio que a largo plazo no impida su crecimiento sino más bien, lo sostenga.
La historia juzgará qué tan
buena o mal fue la medida, recordemos que el Consenso de Washington en su
momento fue novedoso y resultó una salida a las crisis económicas en
Latinoamérica, pero cuando se sintieron los efectos, pasó a ser un concepto
políticamente incorrecto…
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